Este año se cumple el 75 aniversario de la proclamación de la II República española y el 70 aniversario de la sublevación fascista del 18 de julio que derribó el gobierno republicano elegido democráticamente y abocó a la resistencia heroica y desigual de la sociedad española que creía en la Libertad.

Pese a la brevedad de su duración, la II República desarrolló una labor ingente, que asombró al mundo y situó a nuestro país en la vanguardia democrática, social y cultural. El nombre y el destino de la República estarán unidos para siempre a la memoria del máximo esplendor cultural del que ha gozado nuestro país en la era moderna.

Citemos tan sólo la reforma agraria; el sufragio femenino, la separación efectiva de poderes; el auge de la cultura española en todos los terrenos de la creación artística y el impulso de la investigación científica, el debate intelectual y la vida universitaria, y su difusión en todos los rincones del país, el florecimiento de la educación, de la asistencia sanitaria pública, de las políticas de igualdad para los sectores más débiles y desprotegidos de la sociedad como las mujeres y los niños, y también entre las regiones más y menos prósperas y entre las poblaciones rurales y urbanas.

El régimen dictatorial establecido tras el golpe de estado, encabezado por el General Franco, con ayuda y participación de la Alemania nazi y de la Italia fascista que preparaban una guerra mundial, interrumpió la legalidad constitucional y democrática de una república sostenida por la voluntad mayoritaria del pueblo español, que intentó sin embargo resistir a la barbarie fascista y nazi, en condiciones de inferioridad de armas.

La jerarquía de la Iglesia católica apoyó la rebelión militar e incitó al odio y a la venganza y se erigió en uno de los aliados más próximos de los militares sublevados, bendiciendo las ejecuciones que se producían en las ciudades y pueblos españoles caídos en manos de los rebeldes y respaldando su causa con un encendido discurso que convirtió la guerra en una nueva cruzada contra el infiel. La Carta Colectiva de los obispos españoles de Julio de 1937, firmada por todos los prelados excepto Vidal y Barraquer y Mateo Múgica, defendió el derecho a la rebelión y la sublevación contra el gobierno y el carácter religioso de la guerra en términos de cruzada. En octubre de 1937, el General Franco concedió a Mussolini y a Hitler sendos títulos y condecoraciones en reconocimiento por su auxilio a lo que denominó "cruzada contra la barbarie".

La victoria de Franco y de los sublevados fue también posible gracias a la culpable indiferencia de las democracias occidentales, que, antes de convertirse en víctimas de las mismas potencias en cuyas manos habían abandonado a España, eligieron parapetarse tras el hipócrita simulacro de neutralidad que representó el comité de No Intervención de Londres, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de la República mexicana y otros países.

En septiembre de 1939, el régimen franquista se declaró neutral ante la Segunda Guerra Mundial y en octubre de ese mismo año el General Franco se entrevistó con Adolfo Hitler en Hendaya y en febrero de 1941, con Mussolini en Bordighera y en junio de ese año se realizó el reclutamiento de la División Azul para combatir contra la Unión Soviética.

La dictadura franquista fue un estado ilegítimo, que surgió de una agresión feroz contra sus propios ciudadanos y se sostuvo en el poder durante treinta y siete años mediante el abuso sistemático e indiscriminado de los siniestros recursos que caracterizan la pervivencia de los regímenes totalitarios.

Más de cien mil españoles fueron asesinados entre 1939 y 1975 y todavía más de 35.000 permanecen desaparecidos en cunetas y campos de toda España. La tortura y las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones masivas de los derechos humanos fueron práctica habitual durante la larga dictadura.

Medio millón de españoles se vieron obligados a exiliarse y centenares de miles sufrieron cárcel y reclusión en campos de concentración y de trabajo.España quedó aislada internacionalmente y retrasó en varias décadas su integración en el proyecto de construcción europea.

LA CONDENA INTERNACIONAL DEL FRANQUISMO DEBE SER RESPALDADA POR LA CONDENA CIUDADANA

Al terminar la II Guerra Mundial, las Naciones Unidas recién creadas, condenaron el totalitarismo español. El apoyo de las "potencias del eje" a los alzados contra la II República fue especialmente tenida en cuenta por las Naciones Unidas para denegar el ingreso de España a la comunidad de naciones hasta 1955. El término "banco de pruebas" para referirse a la acción de la Legión Cóndor en España consta en las actas del Tribunal de Nuremberg en el proceso contra altos mandos del régimen nazi, entre ellos Hermann Goering, responsable del rearme alemán y de las operaciones de la Luftwaffe en el momento de los bombardeos de la Legión Cóndor sobre territorio español.

En la Resolución 32 del 9 de Febrero de 1946, las Naciones Unidas expresaron condena al régimen de Franco "el actual gobierno español, el cual habiendo sido fundado con el apoyo de las potencias del Eje, no posee en vistas de sus orígenes, su naturaleza, su historial y su íntima asociación con los Estados agresores, las condiciones que justifiquen su admisión". Y en la Resolución 39 de 12 de diciembre de 1946, el órgano plenario de Naciones Unidas insistió en que por "sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini".

El rechazo político y diplomático de la comunidad internacional hacia el régimen Franquista, comenzó a ceder a partir de la década de 1950 en un contexto de alineamientos ideológicos y militares que sostuvieron la llamada "guerra fría". Las potencias democráticas (Reino Unido, EEUU y Francia, en concreto) volvieron a abandonar a la España democrática. En mayo de 1949 las Naciones Unidos permitieron que sus miembros decidieran libremente sobre las relaciones con España.

El cambio de régimen consolidó las desigualdades históricas tanto individuales como colectivas, y territoriales. Supuso la pérdida más trágica de la cultura española, la muerte y el exilio numeroso de sus mejores hombres y mujeres.

Las organizaciones sociales, políticas y sindicales democráticas estamos obligadas a reconocer los valores que impulsaron a la República a transformar el país. Es un deber legítimo al que estamos obligados todos los demócratas. También el Gobierno y el Parlamento deben reconocer, conmemorar y difundir la Memoria de la Democracia y la Libertad, particularmente entre la juventud.

En esta fecha cercana al 18 de julio de 1936 y cuando las instituciones parlamentarias europeas han condenado el franquismo, pedimos a las Cortes españolas y al resto de los organismos representativos de la voluntad popular en el Estado que se sumen a la condena.

No hubo dos bandos. Es intolerable, y muy peligroso para la salud moral y política de nuestro país, que todavía se pretenda equiparar al gobierno legítimo de una nación democrática con la facción militar que se sublevó contra el Estado al que, por su honor, había jurado defender.

Debe llevarse a cabo, por parte de las instituciones, un reconocimiento oficial y una reparación moral y jurídica de los daños sufridos a quienes intentaron introducir en España el progreso y la libertad y que por ello fueron represaliados: combatientes, resistentes, guerrilleros, deportados en la Alemania nazi, perseguidos, depurados y expoliados, exiliados, todos ellos víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Estas medidas forman también parte de ese deber de memoria.

Ahora comienzan a darse algunos pasos importantes que permiten entrever medidas de reparación y dignificación ya conseguidas ampliamente en los países europeos de nuestro entorno, como la creación de la Comisión Interministerial para el estudio sobre la situación de las víctimas del franquismo y la dictadura.

Recientemente el Presidente del Gobierno ha anunciado la presentación, al Congreso de los Diputados del informe de la Comisión Interministerial y de un Proyecto de Ley que establecerá medidas para las víctimas.

Las organizaciones sociales firmantes hemos decidido coordinar nuestros esfuerzos con el fin de impulsar el desarrollo y el seguimiento de la Ley que aprobarán las Cortes españolas.

Pedimos que la Ley sea el comienzo de un proceso de rescate de la Memoria de la Libertad y la Democracia española y de quienes lucharon, murieron y fueron víctimas del levantamiento militar, de la complicidad nazi-fascista y de la dictadura posterior. Debe por tanto haber continuidad institucional de la Comisión Interministerial, como en los países de nuestro entorno europeo, y un mecanismo de consulta y seguimiento de las organizaciones sociales y representativas de las víctimas que a lo largo de los años han trabajado a favor de la Memoria de la Libertad.

Pedimos que la Ley contemple, entre otras medidas la anulación de todos los juicios penales y militares, porque fueron arbitrarios e ilegales, y la declaración de nulidad de todas las acciones represivas con valor jurídico del régimen franquista. El Estado democrático español no debe ni puede considerarse la continuación de los actos de la dictadura que condenaron las Naciones Unidas en 1946 y que obedecieron a una filosofía totalitaria que pretendió, con los asesinatos, establecer el terror en la población y exterminar el pensamiento liberal y social de la sociedad.

Sus víctimas deben ser resarcidas y reconocidas. La Ley debería contemplar por ello la exigencia de la reconstrucción y clasificación de los archivos penales, judiciales, militares, diplomáticos y privados relacionados con esta etapa y su accesibilidad a los ciudadanos e investigadores interesados.

No hay Memoria sin lugares ni lugares sin Memoria. Hay una geografía española de la lucha en defensa de la legalidad y de la Libertad y de la represión que debe ser conservada para el conocimiento de las generaciones futuras. La Ley debe también iniciar el proceso de catalogación, dignificación y conservación de los Lugares de Memoria. Para casos especiales, la Ley contemplará una normativa de exhumaciones y normalización de los bancos de información para la identificación de las víctimas, incluyendo un protocolo de antropología forense adaptado a las normas internacionales.

Debe haber un reconocimiento jurídico del exilio forzado por la represión, y sus descendientes deben poder recuperar la nacionalidad española de origen. Y, en consonancia también con las medidas adoptadas en otros países europeos, deben ser resarcidos quienes sufrieron privación de libertad y penalidades en las cárceles, en los Campos de concentración españoles y franceses y el Trabajo forzado.

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