DEBER DE MEMORIA Y TIEMPO PRESENTE

La Asociación de Descendientes del Exilio español tiene entre sus fines y objetivos primordiales la conservación y difusión de la memoria de la II República y del Exilio. Esta finalidad la compartimos con las organizaciones políticas y sindicales democráticas estando todos obligados a reconocer los valores que impulsaron a la República a transformar el país, valores que han permitido que España sea hoy una nación con un sistema plenamente democrático reconocido a nivel mundial. Es un deber legítimo al que estamos obligados todos los demócratas.

Por tanto, el Gobierno, el Parlamento -el Estado en general- están obligados a ese deber de memoria, de reconocimiento, y de conmemoración a la sociedad en su conjunto y a difundirlo particularmente entre la juventud. Este deber obliga a superar las eventualidades políticas y a mirar al futuro aún más que al presente y al pasado, para preparar el perfil social de las futuras generaciones. El futuro está formado por sentimientos de pertenencia colectiva que se apoyan en el pasado, se prolongan en el presente y lo fecundan.

¿Es suficiente el recuerdo para reparar la injusticia? ¿Han tenido justicia nuestras víctimas? ¿Tenemos nosotros derecho a ser los portavoces de esa reclamación de justicia? ¿Estamos cortocircuitando el trabajo de memoria al pedir una reparación? En España la conciencia sobre los hechos traumáticos de ese pasado reciente se ha convertido en una necesidad cada vez más relevante. Y s in embargo, una parte de la sociedad española tiene todavía dificultades para conocer o reconocer lo sucedido, lo que ha servido como argumento para justificar el olvido y dar campo libre a los llamados revisionistas de la historia del franquismo.

¿O es que sigue teniendo valor para el Estado la " justicia " de los vencedores sobre los demócratas? ¿Qué razones de fondo le impiden anular las condenas de los tribunales militares franquistas? ¿Se considera el Estado democrático la continuación de la dictadura que condenaron las Naciones Unidas en 1946?

El Estado democrático se fundamenta en la voluntad colectiva de vivir juntos, voluntad que es la base de la ciudadanía y de la sociedad civil. No hay que eludir ni ocultar la complejidad de lo sucedido en el pasado reciente, puesto que fueron complejos y dramáticos los momentos y las situaciones a las que debieron enfrentarse esas generaciones, p ero hay un deber que interesa no olvidar: la implantación y la defensa de los valores democráticos de la libertad y de progreso social que encarnó la II República y su resistencia frente a la barbarie fascista y nazi .

El reconocimiento civil y penal por parte de las estructuras institucionales de la reparación de los daños sufridos por quienes: (combatientes, resistentes, deportados, perseguidos, víctimas de la guerra civil y de la represión, exiliados),,, intentaron introducir en España el progreso y la libertad y que por ello fueron represaliados forma parte de ese deber de memoria y constituye la acción presente que debe marcar nuestro futuro.

El tiempo transcurrido desde la aprobación de las leyes de Amnistía no lo ha conseguido. Sus medidas permitieron sólo la reinserción profesional y social de los vencidos siguiendo el principio de igualdad constitucional entre los españoles y, en algunos casos, tras tensiones con cuerpos y organizaciones corporativas originados en la dictadura. Se mantuvo la mayor parte de la simbología de la dictadura y la Memoria de los vencidos se conservó en los ámbitos familiares, asociativos y de los partidos políticos y… en la oscuridad y complejidad administrativa de los archivos militares y de seguridad. Si existieron medidas de dignificación y reconocimiento, procedieron normalmente de actuaciones puntuales e individuales por parte de determinados alcaldes, ministros o presidentes autonómicos, especialmente sensibles.

Si no hubo una política de Deber de Memoria desde el Estado ha debido ser porque desde que España se dotó, de nuevo, de un sistema democrático hasta hace poco, existió una evidente intención de olvidar. Actualmente, superados los años complicados y delicados de la reforma de las fuerzas armadas y de seguridad, de la lucha contra el terrorismo y de la construcción autonómica se dan las condiciones suficientes para acometer una tarea, relegada en España, pero absolutamente necesaria en cualquier sistema democrático.

Ahora comienzan a darse algunos pasos importantes desde el actual Gobierno socialista, que permiten entrever medidas de reparación y dignificación ya conseguidas ampliamente en los países europeos de nuestro entorno, como la creación de la Comisión Interministerial para el estudio sobre la situación de las víctimas del franquismo y la dictadura o la participación del Presidente de Gobierno en la conmemoración de la liberación del Campo de Mauthausen, Pero reaparecen de nuevo los argumentos de miedo, de peligro o de interés político utilitario, como cuando se razona que hay otras medidas legislativas o gubernativas que tienen prioridad, o como cuando se insiste en la existencia de un “bando” republicano junto a otro “nacional”, atribuyendo a ambos las mismas consideraciones morales en un intento de ocultación de la verdad o cuando se intenta justificar el golpe de Estado militar en función de una pretendida insoportable tensión social..

Recientemente el Presidente del Gobierno ha anunciado la presentación, en los próximos meses, al Congreso de los Diputados del informe de la Comisión Interministerial y del inicio de la elaboración y la discusión de un Proyecto de Ley que establecerá medidas para las víctimas. Aun desconociendo los contenidos del informe y las líneas maestras del proyecto de ley, hay que señalar que si, finalmente no se alcanza el debido cumplimiento de reconocimiento y de exaltación de los valores democráticos, pueden alimentarse en el futuro sentimientos colectivos de .no pertenencia al sistema democrático y de desconocimiento, de los valores que éste conlleva..

En todo caso, el Deber de Memoria va más allá de la adopción de medidas puntuales. Es un deber de conmemoración de la sociedad en su conjunto hacia esa misma sociedad que en el pasado fue capaz, en dificilísimas y adversas circunstancias, de introducir en el país los valores democráticos de los que siempre habíamos carecido y de los que hoy, afortunadamente, disfrutamos y estamos orgullosos. No puede tratarse sólo de un esfuerzo de personas, asociaciones o colectivos concretos. Es responsabilidad de la sociedad española en su sentido amplio y del Estado. La experiencia de países de nuestro entorno aboga por la creación de estructuras institucionales con el objetivo del cumplimiento de este Deber de Memoria, arropadas por el asesoramiento de entidades y personas de reconocido valor intelectual y moral.